Una Trayectoria a la Frontera de Cristal

Reflexiones sobre visitas a Matamoros, Tamaulipas y El Paso, Texas

Esta es la primera instalación de una serie de blogs que reflexiona sobre las condiciones humanitarias actuales de las personas en movimiento y el ecosistema que las apoya en regiones ignoradas. Presentado por el programa de Migración y Desplazamiento Forzado de HIP.

“Ya estamos aquí, eso es lo que importa” nos cuenta Nico, un joven venezolano, mientras busca un abrigo entre la ropa que algunas personas de la comunidad de El Paso les han llevado, ya que su destino es la ciudad de Nueva York, donde le han contado que en estas fechas hace mucho frío.

Las rutas migratorias, las nacionalidades y las razones para migrar son diversas, pero los riesgos a los que las personas migrantes se enfrentan, así como las historias, que en su mayoría mencionan que prefieren olvidar porque “ya están aquí”, son muy similares.

A pesar de los peligros que las personas migrantes continúan encontrándose en las diversas rutas migratorias a través del continente, las situaciones que viven en sus países de origen continúan siendo peores. Estas son razones de expulsión continua, principalmente de la población venezolana, que debido a la crisis social, política y económica que enfrenta Venezuela ya hace muchos años, ha llevado a más de 6 millones de personas a abandonar su país, aproximadamente el 20% su población.

La ruta

Hay lugares de la ruta sumamente inseguros para las personas migrantes, como lo es la región del Darién una espesa selva en la frontera entre Colombia y Panamá, comúnmente llamado el “tapón del Darién”, en donde a través de 100 km las personas deben de esquivar los riesgos que al cruzar la selva se enfrentan, así como las diversas violencias (sexuales, asaltos y demás) con las que se topan, al ser un territorio que no se encuentra vigilado por ninguna autoridad y con poca presencia de organizaciones humanitarias.

La llegada a las ciudades de Panamá, como luego es el paso por Costa Rica, lo identifican como un espacio de mayor tranquilidad, donde además reciben apoyo de la población y diversas organizaciones. Posteriormente, la travesía por Nicaragua, Honduras, El Salvador, y Guatemala, vuelven a ser un riesgo, en este caso por la violencia que viven estos países, también expulsores de su población. Para la población venezolana en movilidad, además representa un gasto, ya que según los testimonios de personas como Nico, y diversas noticias, en Nicaragua y Honduras les cobran entre 150 y 240 dólares para cruzar por el país.

Por último se encuentra México, que continúa siendo el país más difícil de cruzar. Las violencias son múltiples y los abusos que sufren la población migrante la viven de diversas fuentes. Desde las extorsiones por coyotes, inseguridad por los grupos criminales, hasta abusos por agentes migratorios, policías y militares (incluyendo la Guardia Nacional), quienes saben lo difícil que será que alguien les denuncie.

“Yo tenía miedo, ya que venía con mi hija y mi esposa, y usted sabe lo que le hacen a las mujeres en el camino” nos cuenta en la estación de bus Rúben, un ex-polícia venezolano, refiriéndose al riesgo de abuso sexual y de diversas formas de violencias sexuales que se enfrentan las mujeres migrantes.

Cabe recordar que antes de que México y varios países centroamericanos empezaran a exigir visas a las personas venezolanas, una gran parte de estos flagelos eran evitables. Con la imposición de visas desde inicios de 2022, y la proliferación de medidas únicamente dirigidas al control de flujos, cada vez más disminuyeron las opciones regulares y seguras para migrar y aumentan los riesgos.

La Frontera

Por razones obvias, otro punto que genera mucha angustia entre las personas migrantes y refugiadas es la frontera entre México y Estados Unidos. La suerte de las personas migrantes en lograr sus objetivos, como acceder al territorio estadounidense para solicitar asilo, todavía está sujeta a políticas racistas como el Título 42. Esto es evidente en la frontera entre el estado mexicano de Tamaulipas y la parte de Texas conocida como Rio Grande Valley, donde miles de personas haitianas esperan poder cruzar un puente internacional pidiendo una excepción al Título 42 (una figura por el gobierno para casos de “vulnerabilidad”).

En Reynosa, la hermana católica a cargo de la Casa del Migrante nos explicó que, “atendemos a todos los migrantes de diferentes nacionalidades, familias, hombres, mujeres, adolescentes y niños, y tenemos dormitorios y servicios adecuados para cada grupo. Ahora la Casa está llena, sobre todo con mujeres y niños de Haití, porque entre ellos se han organizado de tal forma que los hombres decidieron quedarse afuera, expuestos al clima y a quienes buscan beneficiarse de ellos. Los otros albergues también están llenos y aún así hay personas en la calle. Hemos rentado unos cuartos en la colonia para familias y les damos despensas, porque es difícil que alguien les rente a ellos directamente”.

Las organizaciones en Reynosa colaboran de manera estrecha para cubrir las necesidades humanitarias de la población migrante y solicitante de asilo, pero siempre hace falta más apoyo. Por ejemplo, si bien ya se está construyendo un dormitorio adicional en la Casa del Migrante, todavía no se tienen todas las camas, colchones y sábanas. Alimentos, productos de higiene, limpieza y medicamentos nunca son suficientes. Con una sonrisa un voluntario nos comentó, “dentro de todo, nos da gusto ver que los migrantes al estar un tiempo con nosotras a veces engordan un poco.”

La llegada

En diferentes puntos de la frontera, casi todos los días el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) permite que un grupo de personas se acerque al puente internacional en Reynosa, con la solicitud de excepción al Título 42. Si bien para las personas este momento significa finalmente poder cruzar la frontera más temida, todavía hay muchos desafíos por delante para poder ser reconocidos como refugiados/as u otra forma de protección migratoria. La hermana Norma de Catholic Charities Rio Grande Valley en McAllen, Texas nos comentó que a diario salen aviones para deportar migrantes a sus países de origen.

Lograr cruzar la frontera y estar ya en Estados Unidos es un alivio para la población migrante, como nos comentaron varias personas con las que pudimos conversar en El Paso, Texas. A pesar de las dificultades que enfrentan al ser detenidos en los centros de detención de migrantes.

En El Paso, se ha registrado como últimamente el gobernador ha utilizado a la población migrante dentro del estado para generar presión política. Llevandoles en autobuses a estados gobernados por el partido demócrata o como fue el caso de dos grupos de migrantes que fueron llevados a la puerta de la casa de la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Washington DC.

Continúan las deudas pendientes

El pasado 12 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), anunció que las personas venezolanas que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada, sin autorización, serán devueltos a México, expulsando a la población bajo la utilización del Título 42.

Bajo el mismo anuncio, informa que abre una vía legal para recibir a 24.000 personas venezolanas que cumplen con ciertos requisitos, como lo es que no hayan pasado de forma irregular por Panamá o México a partir de este anuncio. Las necesidades de protección no figuran entre los requisitos.

Si bien esta noticia es bien recibida por muchos, porque se podrán beneficiar 24.000 venezolanos desplazados, hay que recordar que el número está lejos de ser suficiente considerando la cantidad de personas venezolanas que llegan a Estados Unidos mes a mes. Las organizaciones de la sociedad civil, como WOLA, han respondido cada vez más para subrayar cuán decepcionante es esta expansión del Título 42.

Entre los meses de agosto y septiembre de 2022 se registraron 58.000 personas que cruzaron la frontera a Estados Unidos. Por lo que dicha medida, solamente aumentará el riesgo al cual ya se ven expuestos los y las venezolanas que buscan llegar a Estados Unidos, huyendo de la pobreza, inseguridad y demás dificultades que enfrentan en su país hace más de una década.

Los gobiernos de Estados Unidos y México deben desarrollar y fortalecer leyes y políticas que protejan e incluyan a las personas en movimiento. Por ejemplo, terminar de manera definitiva el Título 42 y así restaurar el acceso al sistema de asilo. Como vimos en la frontera entre México y Estados Unidos, las organizaciones están batallando con las consecuencias de estas políticas, y casi sin recibir apoyo, hacen lo imposible para personas como Nico, Ruben y sus familias. Las políticas deben ser formuladas centrando a los derechos humanos. Solamente así podremos empezar a dibujar un camino que sea más seguro para las personas en movimiento.